Control de las distracciones

La Dirección General de Tráfico acaba de iniciar una "campaña de control de distracciones", tal como se muestra en los rotulos de las autopistas y autovías. Es lo que nos faltaba para culminar el estado policial en el que estamos cada día más hundidos.

Ya no es suficiente que la guardia civil utilice vehículos sin rotular, para darle el alto a los conductores en cualquier lugar, y sin saber si quien va a salir es un agente o un atracador, porque ya se han dado algunos casos.

Ya no es suficiente que estos coches se te aproximen por detrás, o te adelanten, y hagan todo tipo de maniobras para ver lo que hace el conductor, en un espionaje de dudosa legalidad.

Ya no es suficiente que una patrulla de la guardia civil agazapada en una curva te pare para multarte porque no llevas el cinturón de seguridad puesto.

Ahora los guardias civiles van a controlar las distracciones de los conductores. Se controlará el descuido, el despiste, la omisión, la inadvertencia, la ligereza, el olvido, el lapsus. Se supone que tendrán un detector de ideas del chofer, si de distrae pensando en los problemas para llegar a fin de mes, o porque su mujer está de parto, o porque le acaba de echar una bronca el jefe, o si lleva música puesta y se le va la cabeza a otra cosa o si se olvida de hacer la gestión que tenía prevista.

Tenga cuidado, le puede parar una patrulla camuflada que le multará por no ir pensando en lo que debe. Quizás por ir cabreado al oir por la radio las tonterias que se le ocurren de vez en cuando al presidente del Gobierno, porque Rubalcaba es capaz de todo.

Sigo pensando que todo este proceder es ilegal y anticonstitucional, pero quien hace la Ley hace la trampa, y en España somos maestros en trampas legales.

Arturo Maneiro

Hemos perdido la privacidad

Hemos perdido la privacidad en las comunicaciones. El Ministerio del Interior acaba de confirmar que se hacen escuchas con un ordenador comprado por el anterior Gobierno de Aznar, el SITEL. Resulta así que un instrumento muy eficaz para el control de la delincuencia se ha convertido en una fuente de inseguridad en las comunicaciones personales, al arbitrio del Ministerio del Interior. Ya nadie está seguro. Ya no tiene ningún valor la afirmación de la constitución española cuando dice que “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
Hace pocos días nos advertían de la nula seguridad de los mensajes escritos por teléfono móvil. Ahora nos confirman que el famoso aparatito del Ministerio del Interior tiene capacidad para escuchar todas las conversaciones de forma simultánea. Puede indicarnos con precisión donde está el usuario de teléfono. Es una herramienta muy útil en la lucha contra el terrorismo en todas sus variantes. Es un arma muy eficiente en manos de la Justicia. Debió resultar muy eficaz después de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York. Pero su gran capacidad y amplitud requiere que cualquier responsable del Gobierno lo tenga sometido a un control exhaustivo, a una restricción absoluta de sus escuchas para la lucha contra la delincuencia.
Parece claro que este sistema de escuchas puede usarse correctamente o de forma delictiva. Un ordenador conectado a Internet puede usarse para una labor de investigación a favor de la sociedad o puede utilizarse para delinquir por medio de estafas, para difusión de pornografía infantil o para incitar a la violencia. Cualquier arma puede utilizarse para defensa o para agresión.
Pero sucede que no es la primera vez que en España hay escándalos sociales por las escuchas. En épocas del Gobierno de Felipe González saltó el caso de violaciones del secreto de las comunicaciones, incluso las del Rey. Y ahora, con el Gobierno Zapatero surge este grave problema del SITEL que plantea una gran inseguridad jurídica y social para el uso de la telefonía móvil. Un partido en el poder puede controlar todos los pasos de la oposición, todas sus comunicaciones, difundir llamadas privadas, personal o íntimas. Es un atentado total contra los principios de la Democracia. Y es un torpedo a toda la línea de flotación de los teléfonos móviles. Es una siembra de desconfianza en toda la sociedad.
Por todo ello es urgente demostrar que no se está utilizando en beneficio del Gobierno y del partido en el poder. No vale decirlo, hay que demostrarlo, para que las comunicaciones telefónicas vuelvan a ser lo que eran.
Arturo Maneiro

Mentiras sociales

La política y la sociedad española está viviendo cada vez más en la ficción, se dan mensajes verosímiles que no son verdad y, en definitiva, se alimentan prejuicios falsos en lugar de acalrqar la verdad.
Algunos ejemplos:

1. La Plataforma "Queremos Galego" dice que la política del gobierno autonómo de Galicia "está poniendo en peligro el gallego" o que "hace políticas contrarias al gallego". En realidad la Xunta de Galicia lo que hace es no imponer el gallego, respetando la libertad de los ciudadanos, en contra de lo que quieren los nacionalistas.

2. El secretario general del PSOE de Galicia está pidiendo consenso parlamentario para tomar una decisión sobre el futuro de las Cajas de Ahorro de Galicia, al mismo tiempo que afirma que sólo las cajas deben decidir sobre su futuro.

3. El portavoz del PNV acaba de asegurar que su partido no ve el tema del aborto como un problema de vida o muerte.

4. El Gobierno de Zapatero está más preocupado por lograr apoyos para aprobar los presupuestos del Estado para 2010, con independencia de que sean ciertos o que no sirvan para resolver los problemas económicos, ni la crisis, ni la vida de los parados de larga duración.

5. Los sindicatos españolas están desterrando los lemas del siglos XIX y principios del XX provocando iras y manifestaciones contra la empresarios.

6. Los actores españoles más ricos han firmado un manifesto acusando a los otros ricos de ser los causantes de la crisis económica y deben pagarla. Los otros.

Seguirá

Ricos, pobres y Educación

Los socialistas gallegos y españoles están metidos ahora en la dinámica de informar, enseñar o hacer docencia para que la gente entienda los recortes aprobados por le Gobierno. Quieren que la gente aplaua que se retiren los 400 euros que prometió Zapatero para ganar las elecciones, que es lo más parecido al timo de la estampita. Quieren que la sociedad entienda que para mantener los subsidios al paro, los mismos parados tengan que apretarse el cinturón y aportar sus impuestos. Es el “yo te pago con lo que tu me das”, que es la típica estructura económica denominada piramidal.
Todo ello está muy lejos de lo prometido en todas las comparencias ministeriales anteriores según las cuales se trataba de algo tan loable como quitar a los ricos para dar a los pobres. Se iba a grabar con más impuestos a las rentas altas para proporcionar más ingresos a las rentas bajas. En definitiva, que las personas con más ingresos aportarían más de lo que estaban aportando para mantener las ayudas a las familias con menos poder adquisitivo. Este era un principio que puede entender y aplaudir cualquiera, y además es bueno. Lo que no se decía es que también se le iba a quitar a los pobres, a los parados y a todos aquellos ciudadanos que vayan a comprar algo. No se dijo que todos ellos van a pagar impuestos de forma indirecta, que es el más injusto de los sistemas y era el más utilizado en la época franquista.
Sin embargo, esos mismos socialistas, se movilizan con toda su artillería contra la medida de la Xunta de Galicia para que las familias con recursos se paguen sus libros de texto, con el fin de que las familias con menos ingresos puedan recibir ayudas para comprar esos libros. Cuando hay escasez debe administrarse bien lo poco que queda, por eso quien tenga debe hacer el esfuerzo de pagar para que quien no tenga no pague. Es lo que siempre se ha denominada redistribución de la riqueza. Es necesario llevar a cabo políticas que promuevan a los más desfavorecidos, que den oportunidades a los más débiles, no es necesario que sean más posibilidades, pero sí las mismas. Y esto requiere una redistribución de los recursos cuando son escasos. Esto es lo que siempre dicen que buscan los socialistas, por lo tanto debían estar de acuerdo y no usar este tema como arma política. A no ser que formen parte del sector social de los que sí tienen rentas altas y no quieren ser solidarios.
Arturo Maneiro

Los concertados

La Xunta acaba de aprobar las ayudas a los colegios concertados de Galicia, ejerciendo así una de sus competencias más importantes porque afectan directamente al sistema educativo. Las ayudas a los colegios que no son titularidad de la Administración autonómica, responden a varios de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución española. Uno de ellos es el que ampara el derecho de creación de centros escolares. Otro es el que garantiza el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Otro es el que afirma que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Así como el que los poderes públicos ayudarán a los que cumplan la ley. Estos derechos, recogidos en el artículo 27 de nuestra Constitución, imponen a los poderes públicos la obligación de garantizarlos y sólo se pueden garantizar si están al alcance de todos por medio de acuerdos con los centros privados.

El presidente Feijóo ha abordado el tema con un planteamiento Constitucional que garantiza la libertad, sin imposiciones ni dogmatismos, al mismo tiempo que ayuda a muchas familias gallegas.

Los conciertos con los colegios privados tienen, además, otras ventajas.
La más importante: Se promueve la oferta de modelos educativos diversos, distintos, diferentes. En los últimos meses se ha comentado mucho la necesidad de aumentar la calidad de la enseñanza; de educar más en valores; de lograr que los jóvenes no acudan a la violencia para alcanzar sus objetivos; de formarlos más en el esfuerzo, en la solidaridad, en generosidad. Se afirma que el sistema está fallando. Pues ante este panorama parece que lo más lógico será promover nuevas ofertas educativas que se puedan valorar por los resultados. Si estas ofertas consiguen unos niveles mayores de calidad de enseñanza, si consiguen un mayor nivel de notas, si logran una educación realmente integral, si consiguen una educación más personalizada, más justa y más adecuada a las condiciones de cada estudiante, será lógico ayudarles. Y será casi obligado procurar que todas las familias interesadas pueden tener la oportunidad de ofrecer esa educación a sus hijos, de forma gratuita o casi.

Todos los datos estadísticos y empíricos conocidos -tanto de organismo españoles como extranjeros- demuestran el fracaso escolar de los alumnos y el fracaso del sistema en toda España. Por lo tanto, sería suicida enrocarse en ese modelo educativo y sería injusto para la sociedad. La decisión tomada por Feijóo abre una puerta a la esperanza. Por lo menos la esperanza de que no se van a ahogar iniciativas docentes que tienen un éxito contrastado como es la educación diferenciada, u otros modeles que están implantados con buenos resultados en Galicia. Y además, con todo ello se puede lograr tener un acicate para elevar el nivel de aquellos centros públicos menos valorados, porque los hay muy valorados y muchos padres se quedan con las ganan de que sus hijos estudien en ellos.

No se puede olvidar que la discriminación no está en los modelos educativos sino que está en poner impedimentos para que todas las familias cuenten con las mismas oportunidades.

Arturo Maneiro

El gallego y urnas

Hace más de un mes publiqué este artículo, pero dada la actualidad adquirida hoy por todo lo relacionado con el gallego y la libertad, vuelvo a ponerlo en primer lugar. Las presiones y amenazas que está ejerciendo el sector nacionalista derrotado en las urnas, lo hace ahora mucho más actual:

Una de las amenazas que se están lanzando ya contra la próxima Xunta de Galicia, que presidirá Alberto Núñez Feijóo, es la movilización de los sectores próximos al BNG para defender el decreto del gallego en las aulas. La CIG habla de gran movilización, protestas y paralización del sector en caso de que se derogue el decreto que obliga a dar clase en gallego en todos los centros de enseñanza.

Sin embargo, el candidato popular prometió en la campaña electoral que iba a llevar a cabo esta derogación. Sometió la propuesta a la voluntad de los ciudadanos y recibió un apoyo mayoritario. La mayor parte de los gallegos está de acuerdo con la propuesta. A partir de ese momento ha quedado obligado a cumplir la promesa.

Es más, el propio partido socialista, que es la segunda fuerza gallega, también anuncio, un poco más tímidamente, que era revisable el decreto. Tan sólo el Bloque Nacionalista Galego actuaba con una militancia clara a favor de la obligación del gallego, a favor de no dejar libertad y a favor de la imposición. La propuesta electoral del BNG obtuvo el respaldo de algo más del 10 por ciento de los electores de Galicia. Es decir, casi el 90 por ciento de los gallegos no respaldaron las políticas del Bloque.

Ante la cruda realidad, los militantes de la imposición del gallego deberían revisar sus planteamientos. A quienes tanto les gusta hablar del pueblo soberano, deben hacerle caso al pueblo soberano cuando habla de forma clara, cuando no necesita interpretaciones.

Se plantean por tanto dos cuestiones. La primera de ellas es el respeto a las urnas. No se puede pretender imponer por la vía de la fuerza o la presión en la calle un objetivo político que no obtuvo respaldo popular. No se puede imponer por vía decreto algo que las urnas han rechazado Será muy legítimo hacer manifestaciones en defensa del gallego. Pero no será legítimo hacer presión social para imponerlo. El respeto a la voluntad del pueblo hay que mantenerlo cuando nos beneficia y cuando nos perjudica.

La segunda cuestión es el respeto al gallego. Siempre he dicho que el Bloque le hace mucho daño al identificarlo con su militancia política, con su lusismo, con su activismo. Es necesario que se desliguen definitivamente los conceptos “idioma galego” y BNG, para que el gallego pueda desarrollarse libremente. Sería mucho mejor que las iniciativas del nacionalismo se orientasen a hacerlo amable, atractivo, independiente de tendencias políticas. Hay que llevar a cabo políticas positivas, de adhesiones al gallego, no de imposiciones, enfrentamientos o divisiones. Siempre hemos sabido convivir en gallego y en castellano sin problemas. No hay por qué enredar.

Arturo Maneiro

Si los padres pudieran elegir escuela

Publico aquí una parte del estudio sobre la actitud de las familias españolas ante la educación, firmado por Aceprensa Fecha: 13 Mayo 2009

En buena parte de España avanza la zonificación escolar, mediante oficinas centralizadas para asignar plazas que dan prioridad al domicilio y a la renta familiar, no pocas veces ligada al barrio. En cambio, entre las familias se extiende el deseo de elegir escuela, como indica el capítulo 2 de un estudio (1), basado en una encuesta, financiado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

La elección de centro escolar está condicionada en primer lugar por la oferta disponible. En España predomina la enseñanza pública, que comprende dos tercios del alumnado. Del resto, la mayoría va a centros concertados; los privados sin concierto son la menor parte.
La enseñanza privada es escasa en el medio rural y en localidades de menos de 10.000 habitantes. Además, la oferta privada varía mucho según la comunidad autónoma.
La muestra examinada en el estudio de Funcas (820 padres y madres de alumnos) refleja la situación real. El 66% de los chicos correspondientes a las familias encuestadas estudian en colegios públicos; el 29%, en centros concertados (22% en centros confesionales más 7% en centros no confesionales), y el 4%, en centros privados (3% en privados no religiosos y 1% en privados religiosos).
En las poblaciones con menos de 10.000 habitantes, solo van a colegios concertados o privados el 15% de los alumnos; en cambio, la proporción es el 53%, muy superior a la media nacional, en las ciudades con más de 200.000 habitantes. El contraste entre comunidades es también fuerte: los centros privados (concertados, sobre todo) tienen el 50% de los alumnos de la muestra en Madrid y el 42% en Cataluña, frente a solo el 21% en Andalucía.

Razones para elegir colegio
¿Qué razones tienen los padres para escoger uno u otro tipo de colegio, dentro de las posibilidades de hacerlo? El estudio señala primero que, pese a la fuerte presencia del sector confesional en la enseñanza concertada, la religiosidad de la familia no parece ser un criterio determinante. En los distintos tipos de centros, la distribución de padres según las creencias es muy parecida a la observada en el total de la muestra. Las mayores diferencias se dan en los colegios privados no confesionales, donde hay mucho mayor proporción de no creyentes (23,5%).
En la elección parece influir mucho más el nivel socioeconómico y cultural de la familia. El porcentaje de los que llevan a los hijos a escuelas concertadas o privadas sube con el grado de instrucción, del 22% de los que solo hicieron estudios primarios hasta el 53% de los que tienen título superior.

Los que no tienen opción
Sin embargo, esos factores no son las razones expresamente aducidas por los padres cuando se les pregunta por qué optaron por el colegio al que llevan a sus hijos. Una parte no despreciable, el 13,4% dicen que no pudieron elegir, proporción un poco inferior a la registrada en una edición anterior del estudio (año 2000), a saber, 15,7%. (La encuesta permitía dar dos razones como máximo, y los porcentajes son los de padres que mencionaron cada razón en primero o en segundo lugar.)

Los autores del estudio señalan que la imposibilidad de elegir no afecta solo a las familias residentes en poblaciones pequeñas, donde no hay más que un centro educativo. También están en el mismo caso las que viven en localidades más grandes y con varios colegios, pero no tienen más que uno en la zona del mapa escolar donde tienen el domicilio. Además, un 4%, sin mencionar imposibilidad estricta de elegir, dice que cuando el hijo pasó a Secundaria, hubo de matricular al hijo en el instituto que le correspondía según el colegio donde había cursado la Primaria.

Una investidura distinta

El candidato a la presidencia de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo acaba de pronunciar su discurso programático para los próximos cuatro años. Ahora sólo le queda la votación propiamente de investidura y la toma de posesión el día 18. A partir de ahí llegó el momento y se inicia el comenzamos, como dicen sus lemas de campaña electoral. Tendrá que hacer realidad los compromisos adquiridos ante los ciudadanos y ante la Cámara autonómica. Y tiene equipo para ello.

Hay un aspecto muy distinto entre el discurso de investidura del actual candidato Núñez Feijoó y del candidato anterior, Emilio Pérez Touriño. El presidente saliente presentó en la Cámara un programa que poco tenía que ver con el que cada uno de los partidos coaligados había sometido a la opinión de los ciudadanos. Era un documento fruto de acuerdos y negociaciones posteriores a los comicios. Casi se puede afirmar que fue un acuerdo al margen de los votantes.

El candidato Feijóo ha presentado en el Parlamento todos aquellos proyectos, promesas y compromisos que previamente había ofrecido a los ciudadanos en la campaña electoral. Es un programa que ha alcanzado el respaldo de la mayoría de los gallegos. Todos tuvieron posibilidad de conocerlos, de votarlos o no, de aceptarlos o rechazarlos. Incluso más, muchos de estos objetivos fueron propuestos por movimientos ciudadanos. Los compromisos sobre economía, política laboral, política de vivienda, sistema educativo, sanidad, el famoso decreto sobre el gallego y cualquiera de los otros aspectos fueron expuestos por Feijóo antes de la campaña y durante la campaña electoral.

La mayoría absoluta alcanzada, punto por punto, le da a este programa lo que se denomina habitualmente legitimidad de las urnas, la más importante legitimidad que se puede alcanzar en democracia. Es más importante que la parlamentaria, porque los diputados actúan en representación de los ciudadanos en aquellos aspectos en los que la población no puede dar su apoyo o rechazo de forma directa. Es más, en este caso se da la circunstancia de que el programa va a tener el doble respaldo de las urnas y de los diputados. Lo cual se puede considerar acertadamente como una doble legitimidad. Ante esta circunstancia, el nuevo presidente tiene la responsabilidad de no defraudar, de ponerlo en práctica en todos sus niveles, de hacer realidad las promesas y ofertas electorales, como está demostrando ya.

De ahí podemos deducir directamente no son acertadas, o que están muy fuera de lugar, las críticas de la oposición, cuando afirman que el programa de Feijóo es intranquilizador o incompleto, o inquietante, o que no es bueno para Galicia. Más bien parece todo lo contrario, porque ha ganado las elecciones con mayoría absoluta.

Arturo Maneiro